Organizaciones exigen derogar decreto que criminaliza actividades informativas en Sonora

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Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a la decreto 40 emitida por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, porque “criminaliza las actividades enmarcadas en el derecho a la información y acceso a la información”.

El decreto sanciona actos como la toma y publicación de fotografías o videos de cadáveres o parte de los mismos que tengan relación con una investigación criminal, “las circunstancias de la muerte o las lesiones que presenten, que ya sea en el lugar del hallazgo o en cualquier residencia pública o privada”.

La norma castiga tal conducta con cuatro a 10 años de prisión y multa de 9.600 a 14.433 pesos.

En un comunicado, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19 señalaron que el decreto sanciona tantas conductas que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la ley. estándar, en perjuicio del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar.

Los conceptos que utiliza son tan abiertos como “compartir”, “enviar” o “emitir” que no solo exponen a los miembros de la prensa a ser perseguidos y sancionados injustamente, sino que incluso cualquiera que utilice las redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciben.

Consideran que este decreto tipifica como delito las actividades enmarcadas en el derecho a informar y el acceso a la información, tales como tomar fotografías, enviarlas o describir los hechos o circunstancias de la muerte de las víctimas.

Las organizaciones dicen que las imágenes filtradas de la fiscalía deben ser investigadas por los propios fiscales, por lo que “este tipo de delincuentes deben ser responsabilidad exclusiva de los agentes estatales que tienen la obligación de proteger la dignidad y los derechos humanos de las víctimas”. .

En su pronunciamiento exigen al Congreso del Estado de Sonora que derogue este aditivo por violar los estándares internacionales y su impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión, en particular el ejercicio del periodismo, así como el derecho ciudadano de acceso a la información. . .

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